Como presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tiene que hacer frente con toda decisión y determinación, frente a un proceso secesionista y de rebelión contra España, sus leyes y la Constitución, de las autoridades autonómicas de Cataluña.
Porque no hay Estado democrático que no sobreviva si no ejerce con firmeza y diligencia la fuerza de sus leyes frente a quienes atentan y tratan de subvertir su orden constitucional.
Por eso aplicar el artículo 155 de la Constitución española que le permite suspender en parte o en todo los poderes autonómicos que se han sublevado contra el Estado, como es el caso de Cataluña, no solo es una obligación del gobierno, sino de todos los poderes y estamentos judiciales y sociales como respuesta de la nación.
A partir de ahora lo importante para España no es lo que declaren o hagan los sublevados, sino lo que hagan el gobierno de la nación y los poderes del Estado para restablecer el orden constitucional y derrotar la sublevación de Cataluña y sus poderes autonómicos, que además forman parte intrínseca del Estado.
Por eso es una sublevación: el gobierno y el parlamento catalán siguen utilizando los poderes autonómicos del Estado para sublevarse contra la integridad, las leyes y la Constitución del Estado.
Cataluña está hoy fuera de la ley
Por primera vez en la Constitución española de 1978 una autonomía -la catalana- se ha declarado en rebeldía contra el Estado español situándose fuera de la ley.
El gobierno, la abogacía del Estado y el Tribunal Constitucional han declarado a Cataluña fuera de la ley, tras la aprobación y proclamación por parte del parlamento autonómico de un referendum de autodeterminación, contrario a la Constitución.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional establece de forma clara “la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada del referéndum de autodeterminación” (17-10-2017). Ley autonómica en la que se ha basado en la última etapa todo el proceso ilegal y subversivo de una proclamación de su soberanía como nuevo Estado que rompe con España.
Hipótesis que conducen al desastre
Resulta una incongruencia plantear hipótesis o elucubraciones sobre que el actual gobierno autonómico de la Generalidad de Cataluña pueda convocar elecciones autonómicas. ¿Cómo va a convocar elecciones un gobierno autonómico al que los propios estamentos del Estado, incluido el Tribunal Constitucional, le sitúan fuera de la ley?
Todo este tipo de hipótesis que forman parte del debate, y que siguen dando autoridad pública a unas instituciones regionales declaradas ilegales, solo llevan al desastre, porque confunden a la opinión y sumergen a los poderes del Estado en una situación de inconcreción, debilitándoles.
Ante los hechos consumados de tal gravedad no caben hipótesis ni diatribas en el debate público, lo único importante es que el gobierno y los poderes del Estado actúen contra la autonomía sublevada.
Un debate, hay que señalarlo, en el que los propios socialistas aún apoyando al gobierno en la aplicación del 155, atribuyen el origen de esta crisis de Estado al rechazo parcial de la inconstitucionalidad del último estatuto autonómico de Cataluña, sin recordar las palabras del dirigente socialista Gregorio Peces Barba, y uno de los ‘padres’ de la Constitución española, que anticipó que el TC “tendrá que decir que algunas cosas del Estatuto de Cataluña son inconstitucionales” (EFE, 4-12-2009). Como así ocurrió, y no podía ser de otra forma de acuerdo con la ley.
Todo jefe de Gobierno a la hora de tomar decisiones de esta importancia se reúne consigo mismo, y a Rajoy le ha tocado lidiar con este toro dispuesto a embestirle a él y a España. Por eso no le debe temblar el pulso para enfrentarse a lo que en sí mismo es una sublevación de los poderes autonómicos de Cataluña contra España.
En eso consiste la diferencia entre gobernar y administrar una nación o liderar su destino.
AS © 2017
Fantástico