El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy en su entrevista con la Agencia EFE publicada en los medios
Resulta estéril, irritable y de muy graves consecuencias para la nación, su futuro y el de sus ciudadanos, que el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, siga basando su estrategia y su mensaje público en confiar en que los golpistas que tienen el poder de la comunidad autónoma de Cataluña, depongan su actitud por si mismos (“Rajoy exige a Puigdemont renunciar a la independencia y evitar males mayores”, entrevista a la Agencia EFE, 5-10-2017).
Ha sido el Partido Socialista de Cataluña (PSC) el que ha hecho que mediante un recurso de amparo el Tribunal Constitucional español suspenda hoy una declaración unilateral de independencia de Cataluña, pero eso no suspende la autonomía de Cataluña que es la principal decisión a tomar por parte de las autoridades del Estado.
Cuando se inicia un golpe de Estado contra la Constitución y una revolución leninista como la que está en marcha por quienes dirigen las propias instituciones del Estado, como son las de la autonomía catalana, no hay marcha atrás. Solo cabe que el Estado tome todas las medidas de fuerza para impedirlo.
Lo explicó con absoluta claridad el jefe del Estado, el rey Felipe VI en su discurso a la nación hace dos días: “Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”.
Pues bien, después de las palabras de Felipe VI, los poderes del Estado no están asegurando el orden constitucional. Por eso señalé tras la intervención del Rey que había que pasar de las palabras a los hechos.
Por qué aumenta la desconfianza
No es responsabilidad de los golpistas que actúan contra el Estado democrático, es responsabilidad del gobierno y de los demás poderes del Estado actuar contra los golpistas y su proceso revolucionario.
Confiar en que la solución de los problemas los resuelvan quienes crean los problemas, para no tomar decisiones o alargarlas, solo hace agravar los problemas de la nación. Si no se adoptan decisiones sobre el cáncer cuando ya es manifiesto, conduce a un proceso de metástasis incurable. Ley de vida.
¿Por qué creen Rajoy y las autoridades del Estado que los principales medios internacionales a estas horas en las que escribo este artículo destacan en sus primeras páginas que el Banco Sabadell traslada su sede fuera de Cataluña? (“Sabadell Mulls Move Out of Catalonia Amid Tensions”, The Wall Street Journal, Oct. 5, 2017 8:40 a.m. ET).
¿Por qué creen que este banco ha subido hoy en la Bolsa gran parte de su capitalización perdida en los últimos días, después de anunciar el cambio de trasladar su sede fuera de Cataluña?
¿Por qué creen que la prima de riesgo del bono español aumenta aceleradamente asociada a la crisis de Estado en Cataluña (“La prima de riesgo sube hasta los 133 puntos básico. Puigdemont declarará la independencia en cuestión de días”…).
Son decisiones basadas en una conclusión: no se fían de las palabras del gobierno español, y todos los actores reaccionan para salvaguardar sus intereses. Desde las entidades financieras, sus accionistas, inversores en las entidades españolas, y los propios clientes que trasladan sus cuentas a entidades fuera de Cataluña por miedo a que se produzca un ‘corralito’.
La reacción que se exige a Rajoy y al gobierno español
Pocos conocen tan bien y personalmente a Rajoy como el ex-presidente de gobierno José María Aznar, y actual presidente de la Fundación FAES, institución que en un comunicado ha puesto hoy negro sobre blanco una valoración sobre esta cuestión de trascendencia histórica para España:
“No es posible declarar muerta la democracia en Cataluña y no hacer nada que rebase el umbral de lo retórico para reducir a cero la capacidad de acción de los verdaderos responsables de ese crimen…El Gobierno debe actuar tal y como la nación necesita que lo haga…Y si no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad, entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno, con qué propuesta y con qué apoyo electoral se deberá hacer frente a esta coyuntura crítica para España” (El precio de la libertad, FAES, 5-10-2017).
Pero no son solo el jefe del Estado, los bancos y empresas, gobiernos de la Unión Europeas, instituciones representativas españolas y la mayoría de los ciudadanos los que exigen una repuesta clara y contundente del gobierno de Rajoy en su acción para noquear al proceso golpista y revolucionario de Cataluña. Es la propia Constitución y sus leyes las que le obligan a hacerlo.
La principal medida es la aplicación de la suspensión de la autonomía para restablecer el orden constitucional por el Estado (art. 155 de la Constitución que entre otras cosas dice que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés de España, el Gobierno…podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”).
La gravedad de la situaciones que atentan contra el Estado democrático, exigen decisiones graves de quienes lo tienen que defender y salvaguardarlo, empezando por el propio gobierno de la nación. Lo demás son palabras para justificar la inacción del poder gubernamental en la suspensión de una autonomía y región cuyas autoridades como las catalanas se sublevan contra el Estado.
AS © 2017
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