En este último debate sobre el estado de la nación en el parlamento español los socialistas e independentistas han coincidido en destacar el ‘no’ de Rajoy al desafío secesionista que implica en sí mismo la ruptura de España. Pero lo más relevante es justamente lo contrario: el compromiso de Rajoy para defender el modelo constitucional del Estado-nación.
Efectivamente el ‘si’ al Estado-nación es el ‘no’ a la disgregación del Estado y de la nación. Es el ‘no’ a la ruptura de España.
Por eso no es baladí la resolución del PP sobre el modelo de Estado aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados. De hecho, tiene un calado político considerable, y una fundamentación impecable en términos democráticos, políticos y jurídicos.
En primer lugar porque la propia resolución le obliga al gobierno a que tome “cuantas medidas le permita el ordenamiento jurídico para preservar la unidad de España”. Esto tiene su importancia cuando lo que está en juego es la ruptura de España, y el gobierno tendrá que tomar decisiones importantes para impedirlo.
Esta resolución implica un mandato parlamentario renovado frente a las amenazas secesionistas de los independentistas catalanes y vascos, y ante la oposición socialista que quiere cambiar la Constitución y el modelo de Estado.
La disgregación del Estado-nación solo conduce al desastre
El hecho de que los demás grupos de la cámara no apoyasen esta resolución no hace más que confirmar tanto la amenaza contra el actual modelo constitucional, como que la actual mayoría gubernamental es la única fuerza dispuesta a defender en virtud de su propio mandato parlamentario el actual modelo de Estado-nación.
¿Por qué es importante la fundamentación del caso? Porque la democracia liberal es un modelo fundamentado en valores, derechos y principios que tienen su principal sujeto de soberanía en la persona y su libertad individual.
Rajoy en el Congreso
Fue el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que expuso la argumentación, que luego ha quedado reflejada en la resolución aprobada en el parlamento. Sobre el modelo de Estado solo pueden decidir el conjunto de los españoles, en los que reside el sujeto de la soberanía. Todo lo demás es inconstitucional e ilegal.
En 1995 tuvo un gran impacto mundial la teoría de “El fin del Estado-nación”, libro publicado por el considerado entonces como uno de los gurus de gobiernos y empresas internacionales, Kenichi Ohmae. Solo dos décadas después, esta teoría se ha demostrado falsa de toda falsedad. No solo se ha visto reforzado el modelo del Estado-nación sino que el fin del Estado-nación es un fracaso y representa la propia destrucción de la nación, sus libertades, su economía y sociedad.
Hoy todas las potencias y economías que lideran el mundo hacen del Estado-nación su ‘ser’ indestructible. La propia constitución de la Unión Europea, aprobada hace muy pocos años, está basada en el Estado-nación. La disgregación del Estado-nación solo conduce al desastre, y ese es hoy el principal desafío al que se enfrenta España.
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